CUAUTLA, MORELOS.— La protesta de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) durante el desfile cívico-militar realizado el pasado 30 de septiembre, en Cuautla no fue un acto aislado ni una interrupción carente de sentido. Fue la expresión pública de una comunidad universitaria que vive con miedo, indignación y cansancio ante el asesinato de sus compañeros, los feminicidios y la falta de respuestas eficaces por parte de las autoridades.
Con mantas y pancartas, las y los estudiantes exigieron justicia y seguridad frente al presídium encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia. Su mensaje era claro: mientras las autoridades celebraban un acto oficial, las familias y la comunidad universitaria continúan enfrentando una realidad marcada por la violencia.
La respuesta institucional fue la represión. Policías estatales y personas vestidas de civil rodearon a los manifestantes, les retiraron sus pancartas y los sacaron por la fuerza del recorrido. Videos y testimonios difundidos por diversos medios registraron jaloneos, empujones y golpes contra estudiantes, incluidos hombres y mujeres. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos abrió una investigación para esclarecer la actuación de los elementos de seguridad.
El hecho resulta indignante porque ocurrió frente a la propia gobernadora y porque muestra una contradicción profunda con su gobierno que afirma defender la paz y terminó respondiendo con fuerza a jóvenes que denunciaban precisamente la ausencia de seguridad. La protesta es un grito de auxilio por parte de los estudiantes ante la gente que observaba indiferente.
La crisis que enfrentan los estudiantes en Morelos no se resuelve con operativos para despejar calles ni con discursos oficiales. Se requiere investigar los asesinatos, garantizar justicia para las víctimas, prevenir nuevas agresiones y establecer protocolos de seguridad en los planteles, rutas de transporte y espacios públicos frecuentados por la comunidad universitaria.
Cuando cinco mujeres vinculadas con la institución han sido asesinadas desde abril de 2025 y estudiantes como Christian Shamed y Gael han perdido la vida, la protesta deja de ser una alteración del orden: se convierte en una demanda urgente de supervivencia.
La represión en Cuautla no silenció el reclamo. Por el contrario, evidenció que en Morelos las autoridades parecen más preocupadas por preservar la imagen de un desfile que por escuchar a quienes exigen justicia. La seguridad no puede construirse reprimiendo y silenciando a quienes exigen y evidencian la falta de acciones para prevenir la inseguridad en el estado.
