Desde la implementación del neoliberalismo la privatización de la educación se ha profundizado, una muestra de ello es el crecimiento de la matrícula en las instituciones educativas privadas y el alto número de aspirantes rechazados de las públicas, el control del sistema educativo está en un puñado de empresarios quienes orientan contenidos de los planes y programas de estudio, diseñan exámenes de ingreso, permanencia y egreso de la educación media y superior.
A diferencia de la educación básica, en donde se alcanzó una cobertura bruta de 95.4% en 2018, y la media superior, con 78.5%, la educación superior registró, al final del régimen de Peña Nieto, una cobertura del 38.4% (SEP, 2018a). Este último indicador representó, incluso, un compromiso no cumplido por parte de la administración que se propuso lograr una cobertura del 40% al final de su sexenio (González, 2018).
Aprender de las lecciones de la crisis de 2009 nos hará diseñar un rumbo más claro para los combates venideros en defensa de la educación pública. Ya para 2009 la demanda era tan grande que la oferta y el fondo económico no alcanzaba para garantizar el derecho de la juventud a la educación superior. 36 universidades públicas pactaron el ingreso de 10 mil estudiantes en la modalidad de educación a distancia, así se fue perfilando un nuevo mecanismo de control de la demanda, afirmamos esto porque con este pacto solo 277 alumnos tuvieron un lugar en cada universidad pública. En 10 años la privatización de la educación ha sido más evidente; anualmente, el caso que suele generar mayor trascendencia en medios, por el número de aspirantes rechazados, es el de UNAM. Para esta institución, en el ciclo 2018-2019, 261 mil 157 aspirantes presentaron su solicitud de ingreso por medio del examen de admisión, pero sólo 24 mil obtuvo un lugar (DGAE-UNAM, 2019).


En la década de 2009 a 2019 encontramos análisis cuantitativos que representan el caso de los jóvenes no admitidos que, dadas las circunstancias, deciden o se ven obligados a inscribirse en una institución privada para continuar sus estudios, el Estado ha sido fiiel al neoliberalismo, hay gobiernos de estados que han implementado programas sociales para los rechazados, principalmente becas para que entren a escuelas particulares o tengan cuota preferencial en éstas; a nivel nacional ha crecido centenas la captación de estudiantes en las escuelas particulares.
Hasta ahora, los programas de atención a los aspirantes rechazados del nivel superior se han enfocado en integrarlos por medio de instituciones pequeñas de infraestructura limitada, de reciente creación o con programas sin acreditación y reconocimiento. Con relación al programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ), del gobierno de la Cuarta Transformación, las 100 universidades, han evidenciado una serie de carencias y de problemas de implementación.
Se ha señalado la falta de infraestructura adecuada para su operación y la inclusión de programas que no obtuvieron con anterioridad el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que otorga la SEP (Roldán, 2019). Adicionalmente, la falta de coordinación entre autoridades responsables ha generado descontento entre docentes y estudiantes de las escuelas, creadas por Morena desde 2016 y que se incorporan a las UBBJ, pues algunos de estos programas cambiaron y obligan a los estudiantes a reiniciar bajo la estructura de una nueva currícula. 

 
Ante la nueva crisis económica y su agudización por la pandemia del COVID-19 el panorama es poco alentador para el pueblo trabajador. México desde la última crisis económica del 2009 solo ha incrementado la inversión del PIB a la educación pública de 2.5% al 4%. El capitalismo está de nuevo en crisis, al Estado mexicano representante de la burguesía, no le interesa destinar más en el sector público, le interesa salvar o rescatar a las empresas de la quiebra y garantizar la propiedad privada, la promesa de 0% de rechazados no avanza, prueba de ello que en el ejercicio fiscal federal para este año no hay un peso para el bono de gratuidad a la educación pública.
Se ha respetado el acuerdo pactado entre la SEP y ANUIES para que se postergue el examen de admisión al nivel medio y superior, sin embargo se sigue considerando que es el examen elaborado por las empresas el que debe definir quien puede acceder a la educación, así mismo, postergar la aplicación del examen no garantiza crecimiento de matrícula, mucho menos acelerar la ampliación de infraestructura pública para abrir más lugares.
Solo a través de la lucha organizada de estudiantes, aspirantes, padres de familia y pueblo podremos hacer que la educación sea gratuita, científica y popular. Hacemos el llamado a levantar la unidad de la comunidad estudiantil, de las organizaciones estudiantiles y del movimiento estudiantil para impulsar desde ya un gran movimiento nacional de aspirantes rechazados, con capacidad de movilización y presión para abrir las escuelas a los hijos e hijas del pueblo trabajador, a eliminar los cobros por estudiar, creación de planes de estudios acordes a las necesidades de la sociedad y por el 10% del PIB para la educación.




 
Referencia:
Los programas de atención a los rechazados de la educación superior en
México: ¿dar menos a los que menos tienen?
José Humberto González Reyes
Departamento de Investigaciones Educativas, Cinvestav