Cuando
se declaró el inicio de la cuarentena, miles de personas se dieron
cuenta que no había lugar para ellos, despidos masivo, incertidumbre
y un sistema educativo, que al igual que el sistema de salud no
estaban preparado para enfrentar una pandemia.
Las
clases y algunos trabajos se trasladaron a los hogares pues se
continuarían en línea, en ese momento se omitió que en México
38.7 millones de personas no tienen acceso a internet y que la menos
29.9 millones de personas ni siquiera cuentan con un teléfono
celular INEGI (2018). El mensaje fue claro continuaría quien
pudiera.
La
4T vio en esta necesidad del pueblo la oportunidad para presentar uno
más de sus proyectos. El pasado 26 de mayo como parte de los
programas de bienestar y reactivación económica, se dio a conocer
el programa de cobertura social, bajo la consigna de eliminar la
brecha digital y llevar cobertura de telecomunicación, radio e
internet a las comunidades más vulnerables.
Para dicho programa la
4T creo la empresa CFE telecomunicaciones e internet para todos,
empresa que pretende colocar la infraestructura necesaria para dar
servicio de internet gratuito en puntos públicos, pero como bien lo
remarca el proyecto dicha infraestructura servirá para que las
empresas privadas que tienen la concesión de servicios de internet,
telefonía y televisión puedan acceder a estas comunidades sin
gastar en ello, es decir el programa nuevamente beneficiara al sector
empresarial, permitiéndole obtener ganancias de donde antes no
podía. No habrá internet para todos, porqué aun cuando el programa
contempla ofertar el servicio a los hogares, las tarifas no serán
más bajas en comparación con otras empresas.
Una
vez más no hay soluciones, la educación hoy más que nunca se
presenta como un privilegio, el caso de la Universidad Autónoma del
estado de México la situación no es diferente, puesto que en el
estado de México al menos el 40% de los hogares no cuenta con acceso
a internet (sin contar el número de familias que se quedaron sin
ingresos por la pandemia), afirmar que los estudiantes se han
acoplado perfectamente a las clases en línea es un absurdo,
así lo han demostrado las múltiples
denuncias realizadas por la comunidad estudiantil, es preferible
comer a pagar internet. Ante la presión de la comunidad estudiantil
la universidad decidió implementar un cuestionable programa de apoya
dirigido a los estudiantes sin acceso a internet, el apoyo consistió
en 400 pesos que resultan insuficientes para costear los servicios de
internet para un mes y más si se trata de una comunidad de difícil
acceso, tanto la convocatoria como la solicitud se realizó vía
internet casi dos meses después de que iniciaran las clases en
línea, hasta la fecha se desconocen cuáles fueron los criterios
para otorgar el apoyo y muchos estudiantes a un mes de que termine el
semestre siguen en espera de una respuesta. Frente a estas medidas
excluyentes la única solución está en la organización, para
luchar por regresar a la educación su condición de derecho.