Cuando se declaró el inicio de la cuarentena, miles de personas se dieron cuenta que no había lugar para ellos, despidos masivo, incertidumbre y un sistema educativo, que al igual que el sistema de salud no estaban preparado para enfrentar una pandemia.
Las clases y algunos trabajos se trasladaron a los hogares pues se continuarían en línea, en ese momento se omitió que en México 38.7 millones de personas no tienen acceso a internet y que la menos 29.9 millones de personas ni siquiera cuentan con un teléfono celular INEGI (2018). El mensaje fue claro continuaría quien pudiera.
La 4T vio en esta necesidad del pueblo la oportunidad para presentar uno más de sus proyectos. El pasado 26 de mayo como parte de los programas de bienestar y reactivación económica, se dio a conocer el programa de cobertura social, bajo la consigna de eliminar la brecha digital y llevar cobertura de telecomunicación, radio e internet a las comunidades más vulnerables.
Para dicho programa la 4T creo la empresa CFE telecomunicaciones e internet para todos, empresa que pretende colocar la infraestructura necesaria para dar servicio de internet gratuito en puntos públicos, pero como bien lo remarca el proyecto dicha infraestructura servirá para que las empresas privadas que tienen la concesión de servicios de internet, telefonía y televisión puedan acceder a estas comunidades sin gastar en ello, es decir el programa nuevamente beneficiara al sector empresarial, permitiéndole obtener ganancias de donde antes no podía. No habrá internet para todos, porqué aun cuando el programa contempla ofertar el servicio a los hogares, las tarifas no serán más bajas en comparación con otras empresas.
Una vez más no hay soluciones, la educación hoy más que nunca se presenta como un privilegio, el caso de la Universidad Autónoma del estado de México la situación no es diferente, puesto que en el estado de México al menos el 40% de los hogares no cuenta con acceso a internet (sin contar el número de familias que se quedaron sin ingresos por la pandemia), afirmar que los estudiantes se han acoplado perfectamente a las clases en línea es un absurdo, así lo han demostrado las múltiples denuncias realizadas por la comunidad estudiantil, es preferible comer a pagar internet. Ante la presión de la comunidad estudiantil la universidad decidió implementar un cuestionable programa de apoya dirigido a los estudiantes sin acceso a internet, el apoyo consistió en 400 pesos que resultan insuficientes para costear los servicios de internet para un mes y más si se trata de una comunidad de difícil acceso, tanto la convocatoria como la solicitud se realizó vía internet casi dos meses después de que iniciaran las clases en línea, hasta la fecha se desconocen cuáles fueron los criterios para otorgar el apoyo y muchos estudiantes a un mes de que termine el semestre siguen en espera de una respuesta. Frente a estas medidas excluyentes la única solución está en la organización, para luchar por regresar a la educación su condición de derecho.