Jhosivani Guerrero: una vértebra en busca de justicia y verdad

Jhosivani Guerrero: una vértebra en busca de justicia y verdad.

El pasado 16 de junio del 2021, se dio a conocer el hallazgo de los restos de Jhosivani Guerrero, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El laboratorio de Innsbruck, en Austria, llevó a cabo los análisis correspondientes para confirmar la identidad de los restos óseos a partir de una vértebra hallada en la barranca de La Carnicería; zona ubicada a 233 km de donde fueron atacados cinco autobuses de estudiantes normalistas el 26 de septiembre del 2014.

¿Quién era Jhosivani?

Jhosivani Guerrero de la Cruz tenía 20 años cuando desapareció junto a sus otros 42 compañeros normalistas. Nació en la localidad de Omeapa, ubicada en el municipio de Tixtla de Guerrero. Al igual que otros estudiantes, Jhosivani aspiraba a mejorar las condiciones de vida de su comunidad a través de la educación, por ello se había enlistado a la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

La “verdad histórica”: todos menos el Ejército mexicano

El 16 de septiembre de 2015, la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, informó sobre la identificación de los restos óseos de Jhosivani Guerrero de la Cruz. Según información del gobierno federal, durante la gestión de Peña Nieto, los restos de los estudiantes normalistas fueron hallados en una bolsa en el río San Juan que está cercano al basurero de Cocula, donde presuntamente habrían sido incinerados, junto con los otros jóvenes de Ayotzinapa. Esto formó parte de la “verdad histórica”, defendida enérgicamente por el entonces titular de PGR, Jesús Murillo Karam.

El 28 de enero del 2015, Murillo Karam, había declarado que los resultados de la investigación presentada estaban basados en pruebas aportadas por la ciencia y habían permitido ejercitar acción penal contra 99 individuos. Además, junto con el ex Director de la Agencia de Investigación criminal, Tomas Zeron de Lucio, contra quien se giró una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de alteración de pruebas en la investigación de los normalistas, aseguró que el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y Sidronio Casarrubias Salgado eran los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos y ordenaron a los policías entregar a los estudiantes a un grupo de sicarios para matarlos. Con estas declaraciones desestimó cualquier posible participación criminal por parte del Ejército u otro cuerpo de seguridad federal:

“No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola; las mismas declaraciones iniciales de los que hoy dicen que el Ejército fue (responsable de la matanza) lo acusaban (al principio) de omisión (por no intervenir), las mismitas (personas). No hay una sola, una sola evidencia de la participación del Ejército, ni siquiera había un grupo razonable de soldados en el lugar”, advirtió Murillo en 2015.

El laboratorio austriaco confirmó que los fragmentos óseos aparecieron en el mismo lugar donde se encontraron los restos de Christian Rodriguez, otro de los 43 normalistas desaparecidos, el año pasado. Por otro lado, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, expresó que los resultados son contundentes. Respecto a los estudios previos donde había identificado al normalista, como parte de la denominada “verdad histórica”, respondió: “Los restos encontrados en el Río San Juan nunca fueron susceptibles de identificación, no tenían certeza científica, no se puede pueden validar”.

Ejército mexicano: el eslabón que nadie encuentra.

En julio de 2020, Proceso publicó un reportaje que evidenciaba la participación activa del Ejército y otras fuerzas de seguridad pública en la desaparición de los 43. En enero del 2021, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, señaló que si los militares cometieron "errores" por este caso, deberían pagar por ellos. Sin embargo, desde la noche del 26 de septiembre del 2014 hasta la fecha, no se tiene ningún funcionario o miembro del Ejército Mexicano detenido que se les acuse de participación directa o indirecta en el caso Ayotzinapa. El encubrimiento y la resistencia del Ejército para colaborar en la investigación del caso Ayotzinapa se ha mantenido firme desde la gestión de Peña hasta la de Obrador.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha documentado la participación directa en los hechos de elementos del Ejército mexicano que tanto se había negado durante el gobierno de Peña Nieto, mediante nuevas declaraciones testimoniales, incluidos miembros de Guerreros Unidos.

A finales del 2020, padres de los 43 exigieron abrir una carpeta de investigación contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena cuando los estudiantes fueron atacados, por su presunta participación en el ataque, asesinato y desaparición de los 43.

Por otro lado, en marzo del presente año, durante la reunión con el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, los padres de los 43 normalistas exigieron no sólo proceder contra el exjefe policiaco Tomás Zerón de Lucio, sino contra los militares que participaron en la noche de Iguala.

+43 ¿Qué sigue?

A casi siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el acceso a la justicia se ha visto como la tortuga: lenta pero implacable. Esta segunda condición no podría corresponder sin la participación activa del pueblo mexicano; la solidaridad internacional y la persistencia de los padres de los estudiantes en la búsqueda de verdad. Los altos mandos del Gobierno y del Ejército Mexicano aún encuentran parcialidad y encubrimiento en el proceso judicial.

El pasado primero de junio del 2021, se llevó acabo el Encuentro Nacional de Escuelas Normales convocado por la Coordinadora Nacional de Trabadores de la Educación (CNTE), el Comité de padres y madres de los 43, la FECSM, normalistas del país y diversas organizaciones sociales. Los propósitos del evento fueron brindar solidaridad con el movimiento normalista a nivel nacional; conocer las condiciones actuales de las normales y elaborar un plan de acción para la resolución de las demandas históricas.

Desde la década de los 60, se ha intensificado la ofensiva para cerrar las Normales Rurales y el gobierno actual no discrepa para nada de este vil propósito. La defensa de la educación normalista rural ha sido un proceso de lucha y organización al representar una oportunidad real para la juventud mas desfavorecida del país. Sin embargo, los gobiernos en turno se han negado cínicamente a responder las necesidades más básicas de los estudiantes: mayor presupuesto para la educación; comedores estudiantiles gratuitos; escuelas con dormitorios; incremento de la matricula y becas de manutención. En cambio, el Estado ha ejecutado de manera desmedida acciones de represión, persecución y criminalización de la protesta. Uno de los ejemplos mas representativos de estos hechos fue precisamente la cruel desaparición de los 43 normalistas.

Al igual que con las demandas del normalismo, el movimiento estudiantil ha sido receptor de la política de oídos sordos por parte del Estado frente a las demandas generalizadas por mayor democracia, rendición de cuentas y transparencia, ampliación de la matrícula, reducción de colegiaturas y la violencia de género en las universidades públicas.

La historia no para de repetirse con las ultimas oleadas de violencia de Estado: el asesinato de las dos estudiantes de la Normal de Teteles, sumado a la represión orquestada por el gobierno de Miguel Barbosa; la represión y detención de 95 estudiantes de la normal de Mactumactzá, quienes hoy se encuentran bajo libertad condicional; y las agresiones a la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca al brindar solidaridad a Mactumactzá.

En el marco de la próxima Acción Global por Ayotzinapa, que se lleva a cabo el 26 de cada mes, se espera la convocatoria a un segundo Encuentro de Escuelas Normales que siga fortaleciendo el movimiento a nivel nacional. Bajo este escenario, la juventud mexicana se encuentra en la inmediata necesidad de organizarse, formarse políticamente, expresar sus ideas y luchar por las causas justas del pueblo.