A 54 años de la masacre de Tlatelolco, perpetrada por el ejército mexicano y el grupo paramilitar del Batallón Olimpia en contra de estudiantes que se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas para dar a conocer un pliego petitorio a Gustavo Díaz Ordaz, y tras la muerte de Luis Echeverría en julio, este crimen de Estado continúa impune en la 4T.

El 2 de Octubre de 1968, emerge el movimiento estudiantil y popular en el que participaron estudiantes del IPN, UNAM, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Escuela Normal de Maestros, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades al interior del país que se mantenían en huelga, conformando el Consejo Nacional de Huelga; movimiento al que se sumaron profesores, obreros y otros sectores populares que salieron a las calles con las banderas de lucha por la libertad de presos políticos, destitución de los jefes de la policía y de los granaderos, extinción del Cuerpo de Granaderos,  derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, relativos al delito de disolución social, indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del conflicto y deslinde de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades mediante la policía, los granaderos y el Ejército. La respuesta del Estado fue la represión. A sangre y fuego más de 300 personas perdieron la vida y miles fueron detenidos y torturados.

En el actual escenario, las demandas del movimiento del 68 continúan vigentes en las luchas por mayor presupuesto a la educación superior, mejores condiciones de estudio e infraestructura, así como más docentes y apertura de grupos saturados, consecuencia del Covid-19, como es el caso de las recientes luchas de la UNAM, la ENAH y la huelga que se torna en un carácter generalizado en el IPN; pero también en la 4T, la política de represión hacia los estudiantes organizados y el movimiento popular se mantiene, como lo son los constantes ataques hacia el normalismo rural en la búsqueda de su desaparición, así como el incumplimiento del gobierno para la reapertura de El Mexe con internado. 

El camino hacia la privatización avanza de la mano de los empresarios de la ANUIES y la 4T, con la falta del suficiente presupuesto para infraestructura, pago de nómina de docentes y becas en la educación superior, los intentos de cerrar las normales que excluye a estudiantes en condiciones de pobreza, sumado a los miles de rechazados por el examen del CENEVAL; medidas que, afectan directamente las aspiraciones de la juventud a una mejor educación y acceso al empleo y que se agudizan con la inflación y la tendencia hacia una crisis económica.

Es por ello que sostenemos las banderas de quienes lucharon el 2 de Octubre de 1968. Hacemos el llamado para impulsar una jornada de movilizaciones en el marco de la discusión del presupuesto de egresos de la federación para el año 2023 en exigencia del aumento del 5% del PIB a la educación, la reapertura de las 15 normales rurales y dos centros regionales que el priismo cerró, aumento al presupuesto para internados, casas del estudiante, servicios de extensionismo; así como, la gratuidad de la educación y el acceso universal al nivel superior; así como el cumplimiento inmediato de los pliegos petitorios de las escuelas del IPN y de la UNAM en paro.

¡2 de Octubre no se olvida, es de lucha combativa!

¡Ni perdón, ni olvido!

¡Presupuesto para la educación, no para la represión!